Cardozo presentó los alegatos de Rousseff ante una comisión del
Senado que analiza el proceso y que, en caso de apoyar la apertura de un
juicio político, le pasará la palabra al pleno de esa Cámara, que
tomará la decisión definitiva dentro de unas dos semanas.
El abogado general reiteró las críticas al proceso que ya había
formulado ante la Cámara de Diputados, que las descartó por completo y
por una amplia mayoría decidió remitir la causa al Senado.
Según Cardozo, hay una "nulidad de origen" que comienza en el hecho
de que el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien
la Constitución le reserva la potestad de iniciar el proceso contra un
mandatario, actuó por "venganza" al aceptar las denuncias.
Cunha, adversario de la mandataria y acusado de corrupción, dio curso
al trámite cuando el oficialista Partido de los Trabajadores (PT) apoyó
la apertura de un juicio en su contra, sostuvo Cardozo, quien atribuyó a
eso la conducta del jefe de los Diputados.
"Es un claro desvío de poder que anula el proceso desde su propio
inicio" y lo convierte en un "golpe", dijo Cardozo, pese a que el
trámite para un posible juicio político está en su fase final.
También subrayó que tanto los diputados en su momento, como ahora los
senadores, en muchos casos anticiparon su posición, lo que consideró
como otra "violación del proceso legal", pues "un juez tiene vedado
pronunciarse sobre un caso antes del juicio".
Cardozo apuntó nuevas causas que, a su juicio, llevan a "anular" el
trámite y entre ellas citó que el instructor de la comisión del Senado
que analiza el caso, Antonio Anastasia, pertenece al opositor Partido de
la Social Democracia Brasileña (PSDB), al igual que uno de los
firmantes de la denuncia.
"El PSDB presenta la denuncia y el PSDB actúa como instructor en el
mismo proceso", lo que "hiere las garantías de la debida defensa" y debe
llevar a una "inmediata suspensión", manifestó el abogado general.
En defensa de Rousseff también prestaron testimonio los ministros de
Hacienda, Nelson Barbosa, y de Agricultura, Katia Abreu, quienes
presentaron argumentos técnicos para contestar la acusación, que se
apoya en unas maniobras fiscales irregulares en las que el Gobierno
incurrió en 2014 y 2015 y permitieron "maquillar" sus resultados.
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