El abogado Julio Cury exhortó al Congreso Nacional a legislar para
tipificar los errores judiciales que den lugar a indemnización a favor de las
víctimas, y de inmediato sugirió incluir el padecimiento inmerecido o injusto de
prisión provisional durante el curso de una investigación penal.
Consideró
injusto que una persona que no haya tenido participación alguna en la comisión
de delitos atribuidos y por los que estuvo privado de libertad, no sea luego indemnizada.
Dijo que si se demuestra la ausencia de responsabilidad penal por los cargos
que han dado lugar a la privación de su libertad, deben reparársele los daños
que le han sido ocasionados.
“La
internación de una persona en un centro carcelario, por corta que sea su
duración, causa angustia, frustración, desasosiego, perturbación emocional, desprestigio
social y la ruptura con el entorno laboral y familiar, efectos todos que tienen
sobrada relevancia para ser compensados en las hipótesis que he planteado”,
explicó.
Alegó
que en el país es fácil disponer de la libertad de personas a través de la
prisión preventiva en base a “indicios débiles o inferencias subjetivas” que,
según Cury, se prestan en muchos casos a errores en desmedro del derecho fundamental
a la libertad individual que el Estado debe preservar y garantizar.
“Cuando
el imputado ha sido sometido a prisión preventiva y es luego absuelto por
sentencia firme o favorecido con el archivo definitivo del caso, se presume
irrefragablemente que no ha violado ley alguna que apareje como consecuencia la
sanción que ha padecido, en cuyo caso se impone la reparación integral del
perjuicio moral sufrido”, adujo el reconocido jurista.
Agregó
que el Estado debe indemnizar todo daño antijurídico que produzca cualquiera de
sus autoridades por hechos, actos u omisiones, tales como los errores
judiciales y la privación injusta de la libertad. “Siempre he creído que la restricción
de un derecho fundamental y consustancial al hombre no debería partir de sospechas
o meros indicios, pero sea como fuere, las equivocaciones del aparato punitivo deben
comportar consecuencias patrimoniales para el Estado”, aseguró Cury.
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