Justicia y Transparencia
(FJT) clamó por más presupuesto para el Poder Judicial y manifestó su temor de que este importante estamento
jurisdiccional caiga en una eventual quiebra por la falta de recursos y la
imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas
del sistema judicial.
El presidente de la entidad
de sociedad civil, Trajano Potentini, observó que la justicia, es el poder del
estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello
de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en
curso, con la nueva constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación
de crear y modificar varias leyes.
Potentini explicó, que es
al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos
administrativos de primera instancia por mandato de la constitución, lo que
evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la
jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga
procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, entre
otros tantos apremios y responsabilidades de carácter administrativo.
La FJT entiende, que si no
se dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para asumir los nuevos
retos de las reformas concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos
seguridad jurídica, y un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y
funciones, en detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social.
Asimismo
Justicia y Transparencia pidió a los jueces aplicar mano dura en contra de la delincuencia
y del crimen organizado, al tiempo de lamentar la percepción que en la
actualidad persiste sobre una justicia venal y deficiente, aun cuando se
advierten esfuerzos importantes, aunque no suficientes del Dr. Mariano Germán Mejía, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, para mejorar los
niveles de credibilidad de ese importante poder del estado.
La
entidad de sociedad civil planteó la necesidad de crear una ley que penalice y
castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento y
competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por
falta en el ejercicio de sus funciones.
De ahí que la FJT, entiende que el
combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de
consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios
éticos y morales a la hora de administrar justicia.
Potentini
deploró la falta de implementación de los tribunales contenciosos
administrativos de primera instancia, en cumplimiento del artículo 164 de la
constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y lentitud del
Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus labores
jurisdiccionales, con una mora judicial de casi 5,000 expedientes sin fallar y
la tardanza en el conocimiento de los recursos de amparo y de otras acciones propias
de la jurisdicción administrativa al someter a la administración pública al
imperio de la ley.
Justicia
y Transparencia, advirtió que la falta de estos tribunales, deviene en una
doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en funcionamiento pese a una disposición
constitucional y con ello robarles a los ciudadanos la posibilidad del doble grado
de jurisdicción o doble instancia como uno de los principios cardinales del
derecho.
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