La República Dominicana montó ayer una vigorosa defensa de la posición del Poder Ejecutivo sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 y reafirmó el propósito de, con estricto respeto a la institucionalidad, buscar una solución humanitaria a quienes se consideren afectados.
En una sesión informativa del Consejo Permanente de la OEA, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Cesar Pina Toribio, leyó la posición dominicana en respuesta a un pedimento de San Vicente y las Granadinas para que se conociera la sentencia que, según ese país caribeño afecta a segmentos poblacionales de diferentes países miembros.
El Secretario General de la OEA coincidió en parte con el planteamiento dominicano de buscar de forma mancomunada una solución a problemas derivados de la sentencia con el interés de preservar los derechos humanos.
José Miguel Insulza, declaró que este es un asunto que deberá resolverse con la buena voluntad de todos “y de manera concordada con el Estado dominicano, porque no hay otra forma de hacerlo”.
Aseguró también que los diferentes mecanismos de la OEA seguirán trabajando en este asunto porque “no se resolverá con una resolución” sino que será necesario “buscar una solución con el máximo acuerdo, la máxima apertura y la máxima buena voluntad”.
Insulza reconoció que este es un asunto complejo en el que hay que evitar rupturas, por tratarse de una “disyuntiva” entre una sentencia del Tribunal Constitucional, máxima autoridad nacional en este ámbito y, por otro lado, de un problema de derechos humanos.
Por su parte el consultor jurídico de la Presidencia, César Pina Toribio, fue el encargado de leer la declaración de la comisión de República Dominicana en la sesión y enfatizó que el gobierno dominicano “ha decidido hacer de esta sentencia la oportunidad perfecta para actuar con decisión y rapidez sobre un asunto que durante años ha sido relegado. Tenemos la firme voluntad de que este contexto nos ayude a terminar con años de indefinición e irregularidades”.
Anunció nuevamente que en las próximas semanas, se iniciará un plan de regularización “que deberá establecer procedimientos claros y expeditos, en respuesta a todas y cada una de las situaciones de irregularidad existentes y a los diferentes casos particulares”. También garantizó que el Estado dominicano “no va a permitir que se vulneren los derechos fundamentales de personas que están amparadas por nuestras leyes, ni como consecuencia de esta sentencia ni de ninguna otra”.
Pina Toribio, enumeró los diferentes pasos que ha puesto en marcha el Estado dominicano para iniciar este proceso:
Que la Junta Central Electoral, en un plazo de 30 días, rendirá un informe en el cual se exprese el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en el sistema de registro civil, tanto en su condición de regulares como de irregulares.
- Que el Consejo Nacional de Migración elaborará en un plazo de no más de 60 días el Plan de Regularización de Extranjeros.
- Que se procederá en lo inmediato, a la conformación del Instituto Nacional de Migración y a la designación de su Director Ejecutivo.- Que se está trabajando en el establecimiento de una ventanilla única para dar respuesta expedita a estos casos.
De la misma forma, el Consultor Jurídico explicó ante el Consejo Permanente que cualquier persona residente regular o irregular en la República Dominicana, tiene el mismo acceso que cualquier nacional a la salud, a la educación preuniversitaria públicas y a las cortes laborales , sin necesidad de presentar documento de identificación alguno”.
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