NUEVA YORK._ Agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI), activaron la búsqueda de la dominicana Amparo Altagracia Montás Hernández de 52 años de edad y su hijo Eddy Vázquez, quienes están acusados de proteger inmigrantes ilegales, negociar con prostitución forzada y otros delitos no relacionados con esos dos cargos.
Fuentes de esa policía federal dijeron ayer lunes a medios anglófonos que la señora Montás Hernández y su hijo, enfrentan ahora cargos adicionales por mantenerse fugitivos y evadir la justicia norteamericana.
La acusada y su vástago están huyendo de los federales desde hace ocho años, después que asumieron el compromiso de regresar a una corte en La Florida luego que fueran dejados en libertad bajo fianza tras sus arrestos en conexión con las imputaciones.
La madre y su hijo están acusados de traficar con mujeres y hombres indocumentados que cruzaron la frontera con México para llegar a los Estados Unidos.Se les achaca haber forzado a las ilegales a prostituirse en burdeles que controlaban Montás Hernández y Vázquez en el Suroeste de La Florida.
En muchos casos, las indocumentados que cayeron en manos de Montás y su hijo, estaban en deuda con los "coyotes" (traficantes de humanos en mla frontera) y tuvieron que prostituirse para pagarles el dinero adeudado, sostiene el expediente federal.
Hernández y Vázquez fueron acusados en agosto del 2005 por un Gran Jurado Federal en el Distrito Medio de La Florida y liberados bajo fienza ese mismo año.
Un mes después, el dúo de madre e hijos se dividió y desaparecieron y el FBI cree que ambos huyeron de Estados Unidos.
Las autoridades dicen que la Oficina Federal de Investigaciones recibió información acerca de las operaciones ilegales de Hernández Montás y Vázquez, quienes pagaron las deudas de las ilegales y posteriormente las hacían pagar obligándolas a prostituirse.Vázquez era quien manejaba las operaciones de los prostíbulos y recogía el dinero que le era entregado por los porteros de los burdeles.
Fueron acusados por un Gran Jurado Federal el 17 de agosto del 2005 en la corte del distrito de Fort Myers y fueron dejados en libertad con sendas fianzas, dentro de cuyas condiciones estaba la de chequearse periódicamente con un oficial de libertad provisional.
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