EL SALVADOR,Redacción
Internacional, 30 mayo (EFE).- El caso de una joven salvadoreña obligada
a continuar el embarazo, pese a su grave enfermedad y a que el hijo que
espera nacerá sin cerebro, ha reavivado el debate sobre el derecho al
aborto, inexistente o muy limitado en la mayor parte de los países de
América Latina.
Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CorteIDH) emitió medidas provisionales a favor de la joven conocida
como "Beatriz", tras conocer el caso en la noche del miércoles, y hoy
notifico al Estado salvadoreño que ahora debe permitir el aborto
terapéutico.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) de El Salvador había rechazado solicitud de aborto de
la joven alegando que "los derechos de la madre no pueden privilegiarse
sobre los del nasciturus".
Además la sentencia del CSJ sostenía que existe un
impedimento absoluto para autorizar la práctica de un aborto por
contrariar la protección constitucional que se otorga a la persona
humana 'desde el momento de la concepción'.
Pero El Salvador no es el único país donde esta
joven no tendría mas remedio que seguir adelante con su embarazo; lo
mismo le ocurriría en Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Chile,
que también prohíben el aborto de manera absoluta.
La mayoría de los países latinoamericanos han
debatido en los últimos años, de forma mas o menos prolongada, el
derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo y en muchos de ellos se
admite por razones terapéuticas.
Solo en Cuba, Uruguay y México Distrito Federal
las mujeres pueden abortar de forma gratuita y libre; en el primer caso
antes de las diez semanas y en los dos últimos antes de la semana
duodécima.
En el resto, por ejemplo Guatemala, Perú,
Venezuela, Ecuador y Bolivia, el aborto es ilegal a excepción de casos
en los que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud de la mujer,
en caso contrario la ley castiga con prisión tanto a las mujeres como a
los médicos que incurran en esta practica.
En el caso concreto de Guatemala, que puede ser
equiparable al de otros países, se estima que cada año más de 60.000
mujeres de entre los 15 y 49 años interrumpen de forma clandestina sus
embarazos con lo que ponen en riesgo no solo su salud sino también su
vida.
Los embarazos no deseados, que muchas veces
terminan en abortos, se atribuyen a la violencia sexual, al bajo nivel
educativo y a la pobreza.
A este grupo se suma Colombia donde se precisa que
el aborto no será penalizado cuando el embarazo sea producto de una
violación, incesto o inseminación artificial no consentida, constituya
peligro para la salud o la vida de la mujer o cuando el feto presenta
una malformación grave que hace imposible su vida fuera del útero.
En Uruguay hubo recientemente un caso parecido al
de El Salvador, pero a la inversa. La Justicia autorizó a principios de
mes que se le practicara un aborto a una niña de 12 años que había
sufrido abusos sexuales y quedó embarazada en la ciudad de Bella Unión,
en el norte de Uruguay, cerca de la frontera con Brasil.
El juez procesó con prisión por abuso de menores a
un peón rural de 75 años que desde hacía dos mantenía relaciones
sexuales con la niña por la que pagaba entre 25 y 50 pesos (1,3 y 2,6
dólares).
Por el contrario en República Dominicana, uno de
los países que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia, ocurrió
hace casi un año una situación similar a la joven de El Salvador con una
adolescente embarazada que necesitaba de quimioterapia para combatir la
leucemia.
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