El juez de la Oficina de Atención
Permanente del Distrito Nacional dictó tres meses de prisión
preventiva para Daciel Nicasio e Isidro Gutiérrez, implicados en el
asesinato de Suárez Cordero, hecho ocurrido el pasado martes 23 de abril
en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo
(UASD).
Previo a enviar los estudiantes a la cárcel de La Victoria, el magistrado José Alejandro Vargas consideró que existían los elementos de prueba suficientes para demostrar que ambos acusados estaban en el lugar donde cayó abatido el oficial y resultaron heridos el coronel Julio Justino Rodríguez y el civil Sergio Gabriel Zabala.
“Mientras las cosas se definen a todos hay que investigarlos. Todos estaban, y hay que saber quién disparó”, indicó Vargas. Los abogados de los jóvenes de 21 y 20 años, respectivamente, alegaron que no existían evidencias que los vinculara de manera directa al hecho por lo que solicitaron su puesta en libertad.
Los acusados, miembros del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel) declararon su inocencia. Parte de la acusación se basó en el testimonio de la esposa de Héctor Pichardo, Pamela, cuya versión, según el juez, también fue corroborada por otro de los coimputados. “Eso es un plan criminal contra Felabel”, vociferó Diógenes, vocero del grupo estudiantil, al término de la audiencia. En sus conclusiones, la Fiscalía solicitó un año de prisión preventiva.
Mientras que los abogados de Wilson pidieron al juez que de enviarlo a prisión fuera a la cárcel de Najayo, porque había amenazas de que en La Victoria lo matarían. Héctor Eduardo Pichardo y Eddy Bonilla, también están recluidos por el caso. En tanto, los abogados Fernando Hernández y Adonais Encarnación, dijeron que los jóvenes eran presos políticos y que la Fiscalía no investigaba, limitándose a presentar lo que diga la Policía. Tras estas declaraciones, la fiscal Yeni Berenice Reynoso escribió en su cuenta de Twitter que “el Ministerio Público históricamente ha sido débil con la Policía, en lo referente al manejo público de los casos y eso debe cambiar ya”.
Previo a enviar los estudiantes a la cárcel de La Victoria, el magistrado José Alejandro Vargas consideró que existían los elementos de prueba suficientes para demostrar que ambos acusados estaban en el lugar donde cayó abatido el oficial y resultaron heridos el coronel Julio Justino Rodríguez y el civil Sergio Gabriel Zabala.
“Mientras las cosas se definen a todos hay que investigarlos. Todos estaban, y hay que saber quién disparó”, indicó Vargas. Los abogados de los jóvenes de 21 y 20 años, respectivamente, alegaron que no existían evidencias que los vinculara de manera directa al hecho por lo que solicitaron su puesta en libertad.
Los acusados, miembros del Frente Estudiantil de Liberación Amín Abel (Felabel) declararon su inocencia. Parte de la acusación se basó en el testimonio de la esposa de Héctor Pichardo, Pamela, cuya versión, según el juez, también fue corroborada por otro de los coimputados. “Eso es un plan criminal contra Felabel”, vociferó Diógenes, vocero del grupo estudiantil, al término de la audiencia. En sus conclusiones, la Fiscalía solicitó un año de prisión preventiva.
Mientras que los abogados de Wilson pidieron al juez que de enviarlo a prisión fuera a la cárcel de Najayo, porque había amenazas de que en La Victoria lo matarían. Héctor Eduardo Pichardo y Eddy Bonilla, también están recluidos por el caso. En tanto, los abogados Fernando Hernández y Adonais Encarnación, dijeron que los jóvenes eran presos políticos y que la Fiscalía no investigaba, limitándose a presentar lo que diga la Policía. Tras estas declaraciones, la fiscal Yeni Berenice Reynoso escribió en su cuenta de Twitter que “el Ministerio Público históricamente ha sido débil con la Policía, en lo referente al manejo público de los casos y eso debe cambiar ya”.
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