Este sábado el ministerio público intervino, tras
disponer el arresto del encargado municipal de Verón, Radhamés Carpio,
de varios de sus empleados de los empleados y el retiro de un gredar
que bloqueaba la entrada a la playa. Sin embargo, Carpio no ha sido
arrestado por no encontrarse en el lugar.
La fiscal adjunta Elizabeth Rijo Rijo acudió al lugar, luego de recibir
la queja de los munícipes, que alegaban que era ilegal el cobro por el
uso de esa playa que es pública. La magistrada acudió acompañada de
varios oficiales de la Amet, la Policía y Politur.
Desde el Miércoles Santo todo el que ha acudido a esa playa en vehículos
livianos y motocicletas se le ha exigido pagar cien y 50 pesos,
respectivamente. En cambio los que se han negado a pagar han tenido que
ir a pie.
La comunidad de Verón aplaudió la medida del ministerio público por
considerar que es una playa pública que los usuarios no deben pagar para
disfrutar de ella.
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