Como
cada año, Participación Ciudadana pasa balance al año que termina con la
finalidad de ofrecer su visión de lo acontecido y contribuir con información
que permita a las autoridades y a la ciudadanía iniciar un nuevo año sin
olvidar lo ocurrido en el que termina, sea para fortalecer o preservar lo bien
hecho, como para corregir lo mal hecho.
Debe
destacarse como la nota más positiva del año, aunque con miras al año siguiente,
el cumplimiento de la Ley No.
66-97 que obliga a asignar un 4% del Producto Interno Bruto a la educación.
El
año 2012 ha
estado fuertemente marcado por dos acontecimientos importantes: las elecciones
presidenciales y de diputados en el exterior, que dominó todo el primer
semestre, y el déficit con que
terminaremos, que dominó la última parte del año.
Ambos
acontecimientos fueron responsables de
otros tantos que resultaron de alta incidencia en la vida nacional, como el
cambio de gobierno en agosto que implicó un conjunto de medidas positivas, la
división del PRD y el PRSC, la imposibilidad de llegar a un acuerdo en el
Consejo Económico y Social (CES) sobre el Pacto Fiscal que manda la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END), la
aprobación acelerada y sin consenso de una ley que aumentó los impuestos y de
la ley general de presupuesto para el 2013, la movilización ciudadana
protestando primero por la reforma tributaria y luego por la impunidad que se
pretende imponer en beneficio de aquellos funcionarios públicos que han
colocado a la
República Dominicana como uno de los países más corruptos del
mundo y campeón indiscutible en despilfarro de los recursos públicos.
1. El año del 4% para la Educación.
El
presidente Danilo Medina cumplió su promesa de asignar en el proyecto de
presupuesto para el 2013 el 4% del PIB para la educación, que aunque no es otra
cosa que cumplir con el art. 197 de la ley No. 66-97, merece ser destacado y
bien ponderado.
Este
hecho constituye una clara demostración de lo importante que resulta para el
país el empoderamiento de la ciudadanía en los temas de políticas públicas. También obliga a prestar mucha atención a la
forma en que se utilizarán estos fondos.
2. Un año de retroceso en materia
electoral.
Durante
el primer semestre del año se puso a prueba el sistema electoral dominicano con
las votaciones que tuvieron efecto el 20 de mayo para elegir presidente y
vicepresidente de la
República y los diputados de ultramar.
Por
nueva vez se comprobó que el organismo electoral ha logrado un control
importante de los aspectos logísticos y del
proceso de conteo de los votos, lo que fue corroborado por la
observación electoral que realizamos, incluyendo nuestro conteo rápido.
Sin
embargo, no se pudo avanzar y por el contrario, se retrocedió en el control de
la modalidad de fraude electoral que ha venido ganando cada vez más fuerza en
nuestro país: condicionar el voto de la ciudadanía usando masivamente los
recursos del Estado e incluso con recursos captados del sector privado sin ningún
cuidado y sin transparencia ni rendición de cuentas.
Participación
Ciudadana denunció el uso de los recursos del Estado por parte del partido
oficial en cada uno de sus seis informes de observación pre-electoral, desde
noviembre de 2011, que era mucho más que evidente a través de la repartición de
alimentos, materiales de construcción, electrodomésticos, publicidad estatal con fines electorales, un total
desequilibrio en la publicidad electoral, visitas del presidente de la República por todo el
país prometiendo y comenzando obras públicas no planificadas ni contenidas en
el presupuesto en clara violación a la Constitución de la República y a todo el
conjunto de leyes que rigen la Administración Financiera
del Estado y los sistemas de presupuesto, tesorería, crédito
público y contabilidad gubernamental.
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