E Centro de Servicios Legales para la Mujer (CENSEL), destaca que la violencia Intrafamiliar es un problema de salud pública, es una violación de los derechos humanos, una problemática social multifuncional que afecta a todos los miembros de la familia y en especial, a la mujer, a los niños, niñas y adolescentes.
Considera alarmantes las cifras de esta pandemia social cada día debido a la falta de políticas públicas para su prevención y atención, y la aplicación de las leyes con equidad de género.
Hay grandes debilidades que la explican, como por ejemplo: una estructura disfuncional de salud, y la ineficacia del sistema de Justicia para garantizar la protección de las mujeres agredidas y de ese modo evitar que sean asesinadas por sus parejas, ex-parejas, novios o ex novios.
Si se tolera esta pandemia social como son los feminicidios, ¿de qué nos ha servido considerar la violencia como un problema de discriminación, un problema de salud, y una violación a los derechos humanos?
El Centro de Servicios Legales para la Mujer (CENSEL) entiende que el aumento de la violencia intrafamiliar, y en especial el aumento de los feminicidios, es consecuencia de otras desgracias sociales, y entre las más perniciosas, se destacan la cultura machista, las debilidades de los sistemas de Justicia, Educativos y de Salud, y la indiferencia e inoperancia de las instancias del Estado responsable de frenar los abusos contra las mujeres y sus familias, creando programas efectivos a favor de las mujeres, que contribuyan a la prevención , atención y de seguimientos.
El feminicidio es la principal causa de muerte en nuestro país, y su frecuencia crece ante los ojos de una sociedad que no se inmuta, un Estado permisivo ante estos crímenes, y así lo testimonia la riada de sangre inocente. Si no se le pone atención a esta problemática, y les exigimos la debida responsabilidad a los(as) Jueces(as) y al Ministerio Público, que tratan estos casos tan horrendos, con paños tibios, otorgando la libertad a los asesinos mediante garantías económicas, continuaremos con la cosecha de cadáveres de mujeres en el presente y en el futuro.
Un informe de la Procuraduría General de la República revela que entre 2005 y junio de 2011 han sido asesinadas 1,243 mujeres por sus parejas, ex parejas, novio, ex novio. En promedio esto indica que cada mes, más de 17 mujeres caen bajo la bala, arma blanca y hasta los puños de quien dice que la ama.
Esta escandalosa cantidad de más de 100 mujeres muertas en lo que va del año, supera las provocadas por el cólera, el VIH, el dengue, el cáncer y cualquier otra desgracia que agobia y oprime a las y los dominicanas(os). Y aun así, ni al Gobierno, ni la Justicia, ni los Legisladores, ni los políticos, ni a nadie que tiene el poder de enfrentar esta realidad parece importarle.
CENSEL Como institución que trabaja contra la violencia intrafamiliar y de género, expresa que no bastan las leyes, la creación del ministerio de la Mujer, la Procuraduría Adjunta de la Mujer, los tribunales, los destacamentos especializados, y las fiscalías barriales para combatir este flagelo.
Se requiere de un conjunto de acciones y estrategias que logren romper con un conjunto de nudos que impiden que la mujer denuncie y pueda preservar su vida después de denunciar a su agresor o separarse de su pareja por los maltratos recibidos, o aquellas que no denuncian puedan hacerlo. Para que las mujeres maltratadas, logren una real protección, se necesita de voluntad política, disponibilidad de recursos y una gestión eficaz.
Muchas veces las mujeres maltratadas le ocultan el maltrato de que esta siendo objeto a sus familia, para evitarle problemas a sus padres o hermanos. Sabemos de casos en que las mujeres, después de querellarse, tienen que volver a sus casas, algunas se ven obligadas a retirar la querella y negociar con su agresor, porque tienen miedo y no cuentan con el apoyo de su familia y de las autoridades competentes.
Algunas veces negocian para dividir la casa en dos, residiendo cada uno en un lado de la casa, viviendo ella una con su potencial verdugo, viviendo él con su vulnerable víctima.
Muchas mujeres quieren denunciar a su pareja o ex pareja, pero tienen miedo porque dependen económica y emocionalmente de su agresor. Como resultado, no tienen dónde ir. Es evidente la falta de mecanismos de protección como son las casas de acogidas, o hogares de pasos, pues en nuestro país con casi 10 millones de habitantes solo existen dos casas de acogidas, que no bastan para la cantidad de casos graves de violencia intrafamiliar que ocurren diariamente.
Otras veces cuando las mujeres deciden echar la pelea, y mantener la querella contra su pareja, o ex pareja, empieza a recorrer el camino de la cruz. Se presenta al tribunal y lo frecuente es que la secretaria que recibe su caso no le da la importancia y urgencia que amerita el mismo, le ponen la cita para un mes, tiene que pagar a un alguacil el envío de la cita dirigida al esposo, y éste, en muchos casos, no se presenta a la primera cita, lo que obliga a enviársela una y otra vez, y todas las tiene que pagar la mujer.
Si solicita una orden de protección, es otra odisea, ya que hasta tanto el agresor no acuda a la cita, esta no obtendrá esa orden. En algunos casos excepcionales, si el juez o la jueza están sensibilizados, le entregan la orden de protección.
Para enfrentar esta pandemia social que mata a cientos de mujeres al año, dejando a más de trescientos (300) niñas, niños y adolescentes huérfanas/os, es indispensable trabajar al mismo tiempo desde diferentes sectores y que incluya la dimensión cultural.
Es por ello que creemos importante trabajar con los actores sociales principales, como lo son las mujeres y hombres desde diferentes edades de sus vidas. También es fundamental trabajar con las y los funcionarios/as que de una u otra manera intervienen en el proceso de formación de los individuos de una sociedad determinada y los que tienen que inmiscuirse en los casos de violencia de género. Todo esto pasa por la necesidad de que como política de Estado se enfoque la problemática de la violencia contra la mujer.
Por nuestro trabajo a diario en la oficina y las comunidades, tenemos conocimiento de muchos casos donde las mujeres han tenido que esconderse y renunciar a la manutención de sus hijos/as por miedo a que su agresor cumpla su amenaza de matarla a ella y a sus hijos/as.
Sabemos además que muchos padres después de separarse de sus parejas, se niegan a cumplir con la manutención de sus hijas(os) y amenazan de muerte a sus ex parejas si se presentan ante un tribunal, reclamando este derecho de manutención para hijas(os).
Por otro lado podemos afirmar que más del 80% de los casos de niños, niñas y adolescentes, sobrevivientes de los feminicidios se encuentran en una grave situación psicológica, social, educativa y económica, ya que las familias no cuentan con recursos para el cuidado de estas y estos.
Viven en un hacinamiento devastador. Muchos de ellos no han recibido ayuda de ningún tipo, no cuentan con una alimentación y un techo adecuado, muchos de ellos son presa fácil de la delincuencia, de la drogadicción, y de la prostitución. ¿Nos hemos preguntado alguna vez que esta pasando con las(os) niñas, niños y adolescentes sobrevivientes de los feminicidios? ¿Que ayuda reciben del Estado y la sociedad?.
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