Por Claudio Márquez
SANTIAGO.- Como quien pretendiera echara un balde de agua fría sobre el conflicto suscitado entre empresarios del Complejo Industrial de Zona Franca de Santiago, que adeudan más de 1,200 millones de pesos al Estado, el Vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, evade conscientemente la inquietud de las autoridades del Gobierno con respecto al tema, y lo hace por medio de una declaración de naturaleza esencialmente politiquera. Alburquerque habla de la necesidad de no hacer ruido y agrega “que ese préstamo, cedido en el año 2007, será saldado por sus beneficiaros”. Ojalá sea de esa manera. Empero, el vicepresidente no toma en cuenta el aspecto del prolongado atraso en el abono del préstamo, a la vez que retoma en defensa del grupo la causa original que facilitó las erogaciones hechas por el Estado.
Todos sabemos de la situación atravesada por el segmento textil de Zona Franca e, incluso, del interés de las autoridades públicas del país por evitar el incremento de la tasa de desempleo, la que irremediablemente se desprendería del cierre de importantes empresas del sector. Sin embargo, lo que está en discusión no es si la misma fue o no una decisión oportuna, sino que el compromiso debe ser honrado por las partes envueltas.
El lenguaje político se diferencia del lenguaje racional y de entendimiento, en el hecho de que, mediante el primero, se persigue muchas veces soportar su lógica sobre argumentaciones superfluas, redundantes; mientras que en el caso del lenguaje real, sin máscara, se va al fondo de la cuestión, y a su dilucidación armoniosa; a la identificación o fijación de sus vías expedita de solución.
“Los empresarios de Zona Franca van apagar”, es el discurso tardío de un funcionario público de la categoría del vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, con el que persigue evidentemente pasar de sandunguero frente a un conflicto que como éste requiere de mayor carácter por parte de los funcionarios del Estado. A decir del reportaje periodístico divulgado recientemente por la periodista Alicia Ortega, en el que analiza a profundidad el tema, es probable que una parte importante de los concedidos para el mantenimiento en operación de esas empresas haya ido a parar a otra parte.
Siendo así, la connotación del asunto es más que grave porque no solamente se incumple con la disposición oficial de especialización de ese dinero, sino que también se incurre en una burla al Estado. La falta de institucionalidad y de mecanismos que permitan vigilar y dar seguimiento a este tipo de operaciones, es lo que mantiene a la sociedad dominicana en una situación de vacío ético y moral de dimensiones prácticamente incorregibles.
Los empresarios de zonas francas envueltos en el escándalo saben que han fallado, pero el hecho mismo de creerse dueños y señores de la República Dominicana, de su presunción – en el sentido de que están por encima de la Ley – y de que no hay nada ni nadie en el país en capacidad de poner coto a sus desmanes y maniobras dolosas, justifica no sólo la tardanza, sino también el olvido definitivo de su compromiso de pago. Han actuando de manera correcta el Ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, así como el titular del Ministerio de Hacienda, licenciado Daniel Toribio, al decidirse a emplazar a este grupo de empresarios que, al parecer, persiguen rehuir a sus obligaciones de pago con el Estado.
Más de 1,200 millones de pesos que pudieran ser empleados por el gobierno para ser invertidos en obras de interés social, permanecen en manos de “reputados” y reconocidos ejecutivos empresariales, cuya actuación se convierte hoy en vergüenza para todo el país.
De ahí que el vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, no tenga la necesidad de echar un balde de agua fría sobre una situación ampliamente conocida por el país y que, a la postre, en nada habrá de favorecer su proyecto político presidencial. No es mediante el conciliábulo y, mucho menos, mediante la confabulación vergonzante que habrá de construirse una nueva realidad de participación y desarrollo democrático en el país.
La sociedad está cansada de estos ejemplos y de las conductas impropias de políticos que, frente a las actuaciones irresponsables de ciertos sectores de la vida nacional, prefieren irse por el camino de la distorsión y la alteración medalaganaria de los acontecimientos.
*El autor es periodista.
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