El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, debatió con los fiscales y magistrados de cortes del país, la elaboración de un plan nacional de desarme de la población, ya que alrededor del 65 por ciento de las muertes que se producen en el país son perpetradas con armas de fuego. En el encuentro participó, el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), mayor general Rolando Rosado Mateo.
El máximo representante del Ministerio Público, explicó que entre las propuestas debatidas en el encuentro estuvo la de procurar aumentar los niveles de garantía a la ciudadanía de que los delincuentes tampoco tendrán acceso a las armas de fuego.
Los fiscales adjuntos y procuradores de corte también plantearon la necesidad de establecer mayor rigurosidad a la hora de expedir las armas de fuego.
La fiscal del distrito judicial de Bonao, Ángela Frías, en su caso cuando fue a solicitar el permiso para portar un arma, por el hecho de ser magistrado le dijeron que no era necesario someterse a la prueba antidoping ni al examen psicológico, lo que consideró inaceptable.
El procurador Jiménez Peña detalló que para elaborar el plan de desarme entregarán un documento con las propuestas a todos los miembros del ministerio público para luego que esté consensuado presentarlo al Ministerio de Interior y Policía y posteriormente debatirlo con las iglesias, la sociedad civil y los distintos sectores de la sociedad.
“Para consensuar con ellos lo que sería este plan que nosotros aspiramos para sensibilizar a la sociedad dada la situación de que el 65 % de las muertes violentas que se producen en la República Dominicana se producen por la utilización de arma de fuego y no precisamente por parte de la muertes violentas que genera la delincuencia común, apenas un diez por ciento de las muertes violentas que se producen en el país son por la violencia común” dijo
Dijo que paradójicamente con el pretexto de enfrentar la delincuencia es que los ciudadanos se provén de una arma de fuego y quienes terminan muertas son personas inocentes e indefensas como los feminicidios que en su mayoría se comenten con ese tipo de arma.
El máximo representante del Ministerio Público, explicó que entre las propuestas debatidas en el encuentro estuvo la de procurar aumentar los niveles de garantía a la ciudadanía de que los delincuentes tampoco tendrán acceso a las armas de fuego.
Los fiscales adjuntos y procuradores de corte también plantearon la necesidad de establecer mayor rigurosidad a la hora de expedir las armas de fuego.
La fiscal del distrito judicial de Bonao, Ángela Frías, en su caso cuando fue a solicitar el permiso para portar un arma, por el hecho de ser magistrado le dijeron que no era necesario someterse a la prueba antidoping ni al examen psicológico, lo que consideró inaceptable.
El procurador Jiménez Peña detalló que para elaborar el plan de desarme entregarán un documento con las propuestas a todos los miembros del ministerio público para luego que esté consensuado presentarlo al Ministerio de Interior y Policía y posteriormente debatirlo con las iglesias, la sociedad civil y los distintos sectores de la sociedad.
“Para consensuar con ellos lo que sería este plan que nosotros aspiramos para sensibilizar a la sociedad dada la situación de que el 65 % de las muertes violentas que se producen en la República Dominicana se producen por la utilización de arma de fuego y no precisamente por parte de la muertes violentas que genera la delincuencia común, apenas un diez por ciento de las muertes violentas que se producen en el país son por la violencia común” dijo
Dijo que paradójicamente con el pretexto de enfrentar la delincuencia es que los ciudadanos se provén de una arma de fuego y quienes terminan muertas son personas inocentes e indefensas como los feminicidios que en su mayoría se comenten con ese tipo de arma.
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