El diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional Víctor –Ito- Bisonó, expresó este jueves su oposición a la propuesta del Poder Ejecutivo de modificar la Ley No. 392-07 de Competitividad e innovación Industrial, que crea Pro-Industria, así como a la llamada “indexación” de los hidrocarburos por considerar que ambas medidas equivalen a un aumento de los impuestos que tendrá efectos nocivos sobre la competitividad del sector industrial y un impacto inflacionario que afectará al público consumidor.
Bisonó deploró el daño que le hace el Gobierno al clima de inversiones en la República Dominicana al proponer de manera constante cambios en las reglas de juego para los sectores productivos nacionales, “esta situación de inestabilidad en la política tributaria del Gobierno dominicana no contribuye en nada al clima de seguridad jurídica que debe imperar en un país donde se quiera promover las inversiones nacionales y extranjeras” -dijo- .
Recordó que la Ley No. 392-07 que hoy se busca modificar no ha cumplido siquiera tres años de haber sido aprobada y puesta en marcha en el país, y la misma se concibió para elevar los niveles de competitividad interna y externa de nuestra producción nacional, agobiada por la falta de seguridad ciudadana, el difícil acceso al crédito, los costos de la seguridad social, así como los altos costos de la energía eléctrica, los cuales se multiplicarán de manera indirecta con ésta propuesta, debido a que la motivación principal de los cambios tributarios que hoy propone el gobierno es la transferencia de recursos al sector energético.Como alternativa a esta situación, el diputado por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) expresó que el gobierno y el sector empresarial dominicano junto con los demás sectores que interactúan en la vida social y política del país, deberían abocarse a la discusión de un pacto fiscal que permita una reestructuración del aparato tributario dominicano para hacerlo mas equitativo y eficiente, orientado a la promoción de la competitividad nacional, la estabilidad de las recaudaciones tributarias, y que propicie la seguridad jurídica de las inversiones.
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