En el informe presentado en Buenos Aires, Argentina, por Manuel A.Quiroz, vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y director del periódico dominicano El Caribe sobre la situación de la prensa en la República Dominicana.
Destacó que en la República Dominicana se mantiene un buen estado en cuanto a la libertad de prensa, ya que el público cuenta con un flujo diverso de informaciones y opiniones a través de diferentes medios para la libre difusión y discusión de las ideas.
Empero, desde la pasada reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Asunción, Paraguay, han surgido una serie de situaciones preocupantes que, de persistir y prosperar, pueden entorpecer el libre ejercicio periodístico.
El hecho de mayor gravedad en este aspecto fue el intento de introducir en el proceso de reforma para una nueva Constitución una pretendida cláusula de “información veraz” que, aunque estaría inspirada en imperativos éticos que comparte y defiende plenamente el buen periodismo, en realidad podría prestarse para que desde instancias oficiales se pudieran establecer cortapisas, presiones o restricciones a los medios de comunicación, tal como han sido los antecedentes con este tipo de iniciativas en Venezuela y otras naciones latinoamericanas.
Afortunadamente y después de una unitaria reacción de rechazo por medios, periodistas y diferentes sectores de opinión pública, la pretensión fue finalmente desestimada.
Sin embargo, otro gran peligro pende aún sobre los medios críticos e independientes por la insistencia del diputado Alfonso Crisóstomo en seguir adelante con un proyecto para modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a pesar del amplio rechazo que ha provocado en la prensa e incluso en el propio seno de la cámara baja y también en bancadas partidarias en el Congreso nacional.
Crisóstomo quiere un acceso regulado a los datos sobre el desempeño en dependencias oficiales, mientras la corriente generalizada de opinión pública sostiene que debe mantenerse con sentido pleno y expedito, como está consagrado en el texto vigente sin sufrir ningún tipo de restricción o debilitamiento.
En efecto, se teme que estos eventuales cambios puedan dificultar el acceso a informaciones esenciales que la sociedad debe conocer sobre la forma en que se manejan los fondos públicos, ya que la ley no solo da esta facilidad a los periodistas, sino a los ciudadanos en general.
Con justificadas razones, se piensa que la propuesta de Crisóstomo asestaría un serio revés a la lucha contra la corrupción, porque buscaría garantizar impunidad a funcionarios que incurran en manejos dolosos, ya que comenzó a ser impulsada luego de una serie de trabajos de investigación periodística que han puesto al descubierto falta de transparencia e irregularidades en diferentes instancias.
Destacó que en la República Dominicana se mantiene un buen estado en cuanto a la libertad de prensa, ya que el público cuenta con un flujo diverso de informaciones y opiniones a través de diferentes medios para la libre difusión y discusión de las ideas.
Empero, desde la pasada reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Asunción, Paraguay, han surgido una serie de situaciones preocupantes que, de persistir y prosperar, pueden entorpecer el libre ejercicio periodístico.
El hecho de mayor gravedad en este aspecto fue el intento de introducir en el proceso de reforma para una nueva Constitución una pretendida cláusula de “información veraz” que, aunque estaría inspirada en imperativos éticos que comparte y defiende plenamente el buen periodismo, en realidad podría prestarse para que desde instancias oficiales se pudieran establecer cortapisas, presiones o restricciones a los medios de comunicación, tal como han sido los antecedentes con este tipo de iniciativas en Venezuela y otras naciones latinoamericanas.
Afortunadamente y después de una unitaria reacción de rechazo por medios, periodistas y diferentes sectores de opinión pública, la pretensión fue finalmente desestimada.
Sin embargo, otro gran peligro pende aún sobre los medios críticos e independientes por la insistencia del diputado Alfonso Crisóstomo en seguir adelante con un proyecto para modificar la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, a pesar del amplio rechazo que ha provocado en la prensa e incluso en el propio seno de la cámara baja y también en bancadas partidarias en el Congreso nacional.
Crisóstomo quiere un acceso regulado a los datos sobre el desempeño en dependencias oficiales, mientras la corriente generalizada de opinión pública sostiene que debe mantenerse con sentido pleno y expedito, como está consagrado en el texto vigente sin sufrir ningún tipo de restricción o debilitamiento.
En efecto, se teme que estos eventuales cambios puedan dificultar el acceso a informaciones esenciales que la sociedad debe conocer sobre la forma en que se manejan los fondos públicos, ya que la ley no solo da esta facilidad a los periodistas, sino a los ciudadanos en general.
Con justificadas razones, se piensa que la propuesta de Crisóstomo asestaría un serio revés a la lucha contra la corrupción, porque buscaría garantizar impunidad a funcionarios que incurran en manejos dolosos, ya que comenzó a ser impulsada luego de una serie de trabajos de investigación periodística que han puesto al descubierto falta de transparencia e irregularidades en diferentes instancias.
Las declaraciones de Quiroz, serán publicada ampliada en el periódico El Caribe, según trascendió
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